Organizaciones indígenas de la Ciudad de México rechazaron públicamente cualquier homenaje a Hernán Cortés y las celebraciones que reivindiquen la Conquista española, al considerar que este tipo de actos reproducen una narrativa histórica que minimiza el despojo, la violencia y las afectaciones sufridas por los pueblos originarios. El pronunciamiento ocurre en medio de una creciente discusión sobre la representación de la historia colonial en calles, monumentos y espacios públicos.
El posicionamiento cobró fuerza después de la manifestación realizada el sábado 15 de agosto por el Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta, agrupación de corte conservador que convocó a una celebración de la denominada “herencia hispana” y a la conmemoración de la victoria española sobre los pueblos originarios. El acto se produjo después de la cancelación del llamado “Paseo del Pendón”, festividad de origen colonial que había intentado ser recreada en la capital en años recientes.
Pascual de Jesús González, coordinador general del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México (Mpcoi), sostuvo que las comunidades no aceptan homenajes a personajes vinculados con hechos que consideran parte de una historia de violencia y despojo. En declaraciones difundidas por La Jornada, calificó a Hernán Cortés como un personaje no grato para los pueblos indígenas y cuestionó las actividades que, desde su perspectiva, presentan la Conquista únicamente como una herencia cultural.
El conflicto no se limita a la figura de Cortés. En el fondo existe una disputa por la manera en que se construye y representa la memoria histórica en el espacio público. Mientras organizaciones tradicionalistas reivindican la herencia española como parte de la identidad nacional, organizaciones indígenas demandan que la narrativa incorpore la resistencia de los pueblos originarios, así como las consecuencias sociales, territoriales y culturales de la colonización.
La discusión se desarrolla, además, en un contexto de mayor movilización de comunidades indígenas en la capital. El 9 de agosto, miles de personas participaron en la Megacalenda 2026, convocada con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De acuerdo con información difundida durante la movilización, el Mpcoi planteó que la marcha no debía entenderse únicamente como una celebración cultural, sino como un acto de protesta para visibilizar demandas relacionadas con vivienda, reconocimiento cultural, intérpretes de lenguas indígenas y recursos públicos.
El debate también ha alcanzado el ámbito federal. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó modificar el nombre del denominado Paso de Cortés, ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, para denominarlo “Paso de los Pueblos Indígenas”. La propuesta parte del argumento de que el territorio era recorrido por comunidades originarias antes de la llegada de los españoles y que los nombres de espacios públicos expresan también una determinada visión sobre las figuras y acontecimientos que una sociedad decide reconocer.
Desde una perspectiva institucional, la discusión se relaciona con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y con el proceso de revisión de las formas en que el Estado representa la diversidad cultural e histórica del país. La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) han sostenido políticas orientadas al reconocimiento de los derechos, culturas, lenguas y formas de organización de los pueblos originarios, dentro de un marco de pluralidad cultural.
En la Ciudad de México, este debate adquiere una dimensión particular debido a que buena parte de sus espacios emblemáticos están asociados con episodios, personajes y denominaciones provenientes del periodo colonial. La controversia sobre Cortés, por ello, plantea una discusión que trasciende una conmemoración específica: se trata de determinar qué acontecimientos deben ser reconocidos, desde qué perspectiva histórica y con qué participación de las comunidades directamente vinculadas con ese pasado.
El desafío para las autoridades consiste en garantizar que la revisión de símbolos y conmemoraciones se desarrolle mediante criterios históricos, culturales e institucionales, evitando que la memoria pública se convierta únicamente en un campo de confrontación política. El debate evidencia que la construcción de una narrativa nacional continúa siendo un proceso abierto, particularmente cuando involucra a pueblos que demandan mayor reconocimiento de su papel en la historia y en el presente del país.